A un mes de la puesta en marcha de la Ley de Inclusión, el Gabinete del Gobierno Regional Metropolitano celebra los avances de la Reforma Educacional.

• El espaldarazo del gabinete del Gobierno Regional con la Reforma Educacional fue manifestado por todos sus integrantes liderados por el Intendente Metropolitano, Claudio Orrego, Secretarios Ministeriales de todas las reparticiones y los Gobernadores provinciales de la Región Metropolitana.

De esta manera los líderes del Gobierno Regional reforzaron uno de los logros más importantes del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, afirmando unidos que, a un mes del inicio de la aplicación de la Ley de Inclusión, se están cosechando los primeros frutos de una normativa que busca mejorar la calidad y terminar con la discriminación y la desigualdad en la educación chilena.

La normativa que partió el 1 de marzo, se enmarca en las acciones comprometidas por la Reforma Educacional y, entre otras materias, permite que las familias tengan la posibilidad de elegir el establecimiento que más les guste sin que esa decisión dependa de su capacidad económica, elimina el lucro en los establecimientos que reciben aportes del Estado y termina con la selección arbitraria. Al inicio del año 2016, ya son 324 los establecimientos que voluntariamente han optado por sumarse a la gratuidad en la Región Metropolitana, en circunstancias que hasta el año pasado cobraban copago a las familias en diferentes rangos.

Según señaló el SEREMI de Educación Metropolitano, Felipe Melo, “La Reforma la hacemos todos. Para una implementación exitosa de la Ley de Inclusión se requiere de la participación de todos los integrantes del sistema escolar y también de muchos otros servicios públicos que forman parte importante de estos procesos. Ahí está la importancia de este apoyo intersectorial y territorial de todo el Gobierno Metropolitano, liderado por el Intendente Claudio Orrego”.

A la fecha, la Ley de Inclusión ha evidenciado un cambio respecto a las denuncias emitidas a la Superintendencia de Educación, por parte de los establecimientos, apoderados, alumnos y alumnas, ya que éstas, en materia de denuncias por suspensiones o devoluciones de alumnos al hogar, disminuyeron casi a la mitad.